Revista N°5. Mayo - Junio 2007
Por: Jorge Ramírez - Secretario Gremial ADIUNSa
Sec. de organización CONADU H.
Imagen: Daniel Paz
Habitualmente, los políticos en campaña suelen destacar la importancia de la educación pública. Más aún, cuando han devenido funcionarios continúan resaltando ocasionalmente la importancia estratégica de contar buenas escuelas o con universidades de excelencia.
Sin embargo, estas declaraciones de amor, aunque poco frecuentes, no significan ningún compromiso real, tangible, práctico. Por lo menos, no encontramos ninguna evidencia significativa de que algún gobierno de los últimos tiempos haya trabajado seriamente ni por las condiciones educativas ni por el derecho constitucional de educarse.
El superávit fiscal 2006 fue de más de 26.157 millones de pesos (Clarín, 22 de enero); sin embargo, el presupuesto destinado a educación fue del orden de los 6.000 millones, previéndose algo más de 8.000 millones para este año. Como puede verse, tanto amor no cotiza en plata: el gasto total en educación no alcanza a un tercio del superávit del año pasado.
A nivel provincial, el cariño monetario se siente todavía menos. De hecho, el presupuesto educativo es apenas mayor que el de obras públicas, sin contar que estas últimas también reciben fondos municipales y nacionales[1].
Porque te quiero, te aporreo
En todo el país, los docentes muestran recibos de sueldo con variados e incomprensibles montos en negro[2]. El salario básico se ha quedado en cifras simbólicas, resintiendo aún más a los jubilados de la profesión.
Pero cuando los maestros y profesores se organizan y dan batalla, las respuestas de los gobiernos pasan por la represión. Así fue en Neuquén, donde la barbarie se cobró la vida de Carlos Fuentealba; así fue en Salta, donde pocos días después del asesinato neuquino la policía usó gases lacrimógenos contra los docentes que -justamente- protestaban contra el crimen del profesor de química. Incluso en Santa Cruz, pago chico del presidente, la represión sistemática y feroz llegó con militarización incluida.
Los docentes también han sufrido formas económicas de represión: los descuentos de haberes por las jornadas de lucha han llegado a la Universidad de Cuyo y a los preuniversitarios de la Universidad Nacional de Tucumán.
Sin embargo, estas declaraciones de amor, aunque poco frecuentes, no significan ningún compromiso real, tangible, práctico. Por lo menos, no encontramos ninguna evidencia significativa de que algún gobierno de los últimos tiempos haya trabajado seriamente ni por las condiciones educativas ni por el derecho constitucional de educarse.El superávit fiscal 2006 fue de más de 26.157 millones de pesos (Clarín, 22 de enero); sin embargo, el presupuesto destinado a educación fue del orden de los 6.000 millones, previéndose algo más de 8.000 millones para este año. Como puede verse, tanto amor no cotiza en plata: el gasto total en educación no alcanza a un tercio del superávit del año pasado.
A nivel provincial, el cariño monetario se siente todavía menos. De hecho, el presupuesto educativo es apenas mayor que el de obras públicas, sin contar que estas últimas también reciben fondos municipales y nacionales[1].
Porque te quiero, te aporreo
En todo el país, los docentes muestran recibos de sueldo con variados e incomprensibles montos en negro[2]. El salario básico se ha quedado en cifras simbólicas, resintiendo aún más a los jubilados de la profesión.
Pero cuando los maestros y profesores se organizan y dan batalla, las respuestas de los gobiernos pasan por la represión. Así fue en Neuquén, donde la barbarie se cobró la vida de Carlos Fuentealba; así fue en Salta, donde pocos días después del asesinato neuquino la policía usó gases lacrimógenos contra los docentes que -justamente- protestaban contra el crimen del profesor de química. Incluso en Santa Cruz, pago chico del presidente, la represión sistemática y feroz llegó con militarización incluida.
Los docentes también han sufrido formas económicas de represión: los descuentos de haberes por las jornadas de lucha han llegado a la Universidad de Cuyo y a los preuniversitarios de la Universidad Nacional de Tucumán.
Caminos hacia la privatización
El menemismo supo gestar sistemas potencialmente clientelares y extorsivos, como la CONEAU, los Fondos para el mejoramiento y el programa de incentivos a la investigación. El desfinanciamiento y la Ley de Educación Superior permitieron el auge de los servicios a terceros, los postgrados arancelados y otros recursos que permitieron engordar los ingresos de algunos académicos, manteniendo el presupuesto en un cepo. De esta manera, las universidades se vieron en la necesidad de orientar su producción académica a los designios del mercado; para disminuir el riesgo de desastre financiero.
El gobierno actual, más allá de los discursos, mantuvo y aceitó esos sistemas. Más aún: permitió que los salarios de las autoridades universitarias sean mucho mayores que las remuneraciones de los profesores, y ahora intenta consagrar un nuevo nomenclador que forzaría a muchos exclusivas a preferir acumular cargos y evitar el bloqueo de título.
Esta maniobra merece mayor explicación: en la mayoría de las universidades, los docentes de dedicación exclusiva sólo pueden trabajar en el ámbito de las casas de estudio, sin realizar tareas profesionales independientes. El objetivo de esta limitación es, justamente, que estos docentes se dediquen por entero a la universidad. De hecho, los exclusivas constituyen el sostén del sistema universitario, con responsabilidades de docencia, gestión, investigación y extensión.
El nuevo nomenclador elimina el reconocimiento económico de esas responsabilidades, apuntando hacia una universidad “enseñadero”, donde las demás actividades se tornan secundarias. Dicho en otros términos, si un docente exclusiva cambiara su cargo por dos semiexclusivas, cobraría lo mismo sin sufrir el bloqueo del título, ejerciendo sus competencias profesionales en el ámbito privado y no en el de la universidad.
El menemismo supo gestar sistemas potencialmente clientelares y extorsivos, como la CONEAU, los Fondos para el mejoramiento y el programa de incentivos a la investigación. El desfinanciamiento y la Ley de Educación Superior permitieron el auge de los servicios a terceros, los postgrados arancelados y otros recursos que permitieron engordar los ingresos de algunos académicos, manteniendo el presupuesto en un cepo. De esta manera, las universidades se vieron en la necesidad de orientar su producción académica a los designios del mercado; para disminuir el riesgo de desastre financiero.
El gobierno actual, más allá de los discursos, mantuvo y aceitó esos sistemas. Más aún: permitió que los salarios de las autoridades universitarias sean mucho mayores que las remuneraciones de los profesores, y ahora intenta consagrar un nuevo nomenclador que forzaría a muchos exclusivas a preferir acumular cargos y evitar el bloqueo de título.
Esta maniobra merece mayor explicación: en la mayoría de las universidades, los docentes de dedicación exclusiva sólo pueden trabajar en el ámbito de las casas de estudio, sin realizar tareas profesionales independientes. El objetivo de esta limitación es, justamente, que estos docentes se dediquen por entero a la universidad. De hecho, los exclusivas constituyen el sostén del sistema universitario, con responsabilidades de docencia, gestión, investigación y extensión.
El nuevo nomenclador elimina el reconocimiento económico de esas responsabilidades, apuntando hacia una universidad “enseñadero”, donde las demás actividades se tornan secundarias. Dicho en otros términos, si un docente exclusiva cambiara su cargo por dos semiexclusivas, cobraría lo mismo sin sufrir el bloqueo del título, ejerciendo sus competencias profesionales en el ámbito privado y no en el de la universidad.
Una, dos, muchas federaciones
En este contexto, la división de los docentes universitarios se ha convertido en uno de los mecanismos más eficaces para frenar la lucha.
Desde el año 1998 comenzó la fractura de la por entonces única Federación Nacional de Docentes Universitarios. Quizás primaron, en principio, diferencias entre los sectores mayoritarios. Sin embargo, con el tiempo, las divergencias fueron profundizándose, con la inestimable colaboración del Ministerio de Trabajo -entonces a cargo de Flamarique-, que otorgó validez a una de ellas, reconociendo un congreso con una minoría de representaciones.
No obstante, el año 2005 encontró a los docentes de ambas federaciones llevando adelante un paro nacional que duró entre 4 y 5 semanas. Aquel plan de lucha derivó en el blanqueo de cifras y en un incremento que -aunque insuficiente- significó el mayor crecimiento del presupuesto universitario desde 1987.
El 2006 pareció auspicioso para la unidad docente. A partir del impulso de varias asociaciones de base (ADIUNSa entre ellas), se logró mantener un frente único ante el gobierno, alcanzando el punto más alto en un congreso conjunto en mayo de 2006. Esa instancia, en la que participaron representantes de 27 universidades, definió la continuidad del plan de lucha y el rechazo de las sumas en negro. Pero ese hito fue traicionado por los dirigentes máximos de CONADU, quienes firmaron un acta con el gobierno y desconocieron los acuerdo mayoritarios.
De allí en adelante, ambas federaciones continuaron caminos separados. A ellas se sumó un sello fantasma -FEDUN-, integrante de la CGT de Moyano, que consiguió la personería gremial en tiempo récord. El gobierno empezó a operar sobre estas divisiones, con la ayuda de su gremio adicto y la dirigencia de firma fácil que encabeza CONADU. Pero no se limitó al reconocimiento de los sindicatos amigos: acordó el pago de cuotas solidarias sobre los acuerdos salariales, asignando más de un millón y medio de pesos a las federaciones dóciles. El acta firmada el 9 de mayo demuestra la continuidad de esa metodología.
El presupuesto universitario tuvo dos momentos de recuperación en su historia, y en ambas se debió a planes de lucha contundentes, con paros prolongados y movilización masiva. Nadie puede desconocer esta enseñanza; no, al menos, desde un análisis honesto de la evolución del presupuesto y del salario. CONADU Histórica es la federación docente mayoritaria, con más de 20 asociaciones de base; la actitud de desconocimiento de esta representación, así como la inquietud creciente en las asociaciones que integran CONADU, no podrá ser detenida por mucho tiempo. Es en la consecuencia, en el respeto de la democracia sindical y en la claridad e independencia política de las demandas donde encontraremos nuevos caminos para construir la universidad que necesitamos: pública, gratuita, científica y al servicio de los intereses del pueblo.
Jorge Ramirez – Secretario Gremial ADIUNSA -Sec. De organización CONADU H.
En este contexto, la división de los docentes universitarios se ha convertido en uno de los mecanismos más eficaces para frenar la lucha.
Desde el año 1998 comenzó la fractura de la por entonces única Federación Nacional de Docentes Universitarios. Quizás primaron, en principio, diferencias entre los sectores mayoritarios. Sin embargo, con el tiempo, las divergencias fueron profundizándose, con la inestimable colaboración del Ministerio de Trabajo -entonces a cargo de Flamarique-, que otorgó validez a una de ellas, reconociendo un congreso con una minoría de representaciones.
No obstante, el año 2005 encontró a los docentes de ambas federaciones llevando adelante un paro nacional que duró entre 4 y 5 semanas. Aquel plan de lucha derivó en el blanqueo de cifras y en un incremento que -aunque insuficiente- significó el mayor crecimiento del presupuesto universitario desde 1987.
El 2006 pareció auspicioso para la unidad docente. A partir del impulso de varias asociaciones de base (ADIUNSa entre ellas), se logró mantener un frente único ante el gobierno, alcanzando el punto más alto en un congreso conjunto en mayo de 2006. Esa instancia, en la que participaron representantes de 27 universidades, definió la continuidad del plan de lucha y el rechazo de las sumas en negro. Pero ese hito fue traicionado por los dirigentes máximos de CONADU, quienes firmaron un acta con el gobierno y desconocieron los acuerdo mayoritarios.
De allí en adelante, ambas federaciones continuaron caminos separados. A ellas se sumó un sello fantasma -FEDUN-, integrante de la CGT de Moyano, que consiguió la personería gremial en tiempo récord. El gobierno empezó a operar sobre estas divisiones, con la ayuda de su gremio adicto y la dirigencia de firma fácil que encabeza CONADU. Pero no se limitó al reconocimiento de los sindicatos amigos: acordó el pago de cuotas solidarias sobre los acuerdos salariales, asignando más de un millón y medio de pesos a las federaciones dóciles. El acta firmada el 9 de mayo demuestra la continuidad de esa metodología.
El presupuesto universitario tuvo dos momentos de recuperación en su historia, y en ambas se debió a planes de lucha contundentes, con paros prolongados y movilización masiva. Nadie puede desconocer esta enseñanza; no, al menos, desde un análisis honesto de la evolución del presupuesto y del salario. CONADU Histórica es la federación docente mayoritaria, con más de 20 asociaciones de base; la actitud de desconocimiento de esta representación, así como la inquietud creciente en las asociaciones que integran CONADU, no podrá ser detenida por mucho tiempo. Es en la consecuencia, en el respeto de la democracia sindical y en la claridad e independencia política de las demandas donde encontraremos nuevos caminos para construir la universidad que necesitamos: pública, gratuita, científica y al servicio de los intereses del pueblo.
Jorge Ramirez – Secretario Gremial ADIUNSA -Sec. De organización CONADU H.
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