Revista N°6. Julio - Agosto 2007
Por: Gabriel López
Imagen: Diego "El cubano" Arroyo
Hoy, en el mundo entero, los Recursos Naturales ocupan un lugar clave para el modelo productivo. El humano siempre utilizó los recursos naturales a su alcance para reproducir la vida misma para lo cual fue importante el equilibrio que la comunidad generaba con el medio que la rodeaba.
Las cosas fueron cambiando, ya que el equilibrio de esta milenaria relación hombre – naturaleza se está desmoronando en forma acelerada y no precisamente para alimentar y garantizar el derecho a la vida de las 5000 millones de personas que habitamos este planeta. Por el contrario, podríamos decir que se altera gravemente la naturaleza para garantizar el alto nivel de consumo de menos del 20% de la población mundial. Esa minoría, ubicada en las zonas más enriquecidas del planeta, consume el 75% de los alimentos y el 80% de la energía que se produce en la tierra, y a su vez libera el 80% de los gases que provocan el efecto invernadero.
El Estado argentino mantiene una confusa política sobre los recursos naturales. Por un lado, plantea un discurso de protección generando leyes, secretarías y políticas ambientales de todo tipo. Y por el otro, entrega el patrimonio natural a las grandes multinacionales, no controla a las empresas contaminantes y otorga cada vez más permisos para desmontar un creciente número de hectáreas de irrecuperables bosques nativos.
Tal y como lo plantea la ley, el Estado debería ser el garante de proteger los recursos naturales que son patrimonio de todos los ciudadanos y sustento de las futuras generaciones. Por lo tanto, merecen nuestra mayor protección, lo cual no significa no utilizarlos, sino hacerlo de manera medida, planificada y sostenible, preservando la biodiversidad.
El desarrollo económico de las grandes empresas y multinacionales en Argentina, avanza en dos direcciones:
1. la explotación minera y lo que significa para las poblaciones locales y para las “estratégicas” reservas de agua.
2. la deforestación a gran escala del bosque nativo para el avance de la frontera agropecuaria, principalmente el monocultivo de la soja, con la cercanía en el tiempo del auge de grandes monocultivos para la producción de la materia prima necesaria para el tan nombrado “bio-combustible”.
La actividad minera es la prioridad número uno de los financiamientos del Estado. Se destaca la extracción de oro, plata, plomo, cobre, cinc, entre otros, y minerales estratégicos como el uranio. Esta es realizada por grandes multinacionales de Canadá, EE.UU., Australia, Inglaterra. Las compañías son Barrick Gold y Meridian Gold, entre otras, que a su vez controlan a las compañías más chicas y el mercado mundial de estos productos.
Estas actividades son de alto impacto ambiental, ya que por lo general se realizan con los métodos de explotación a “cielo abierto” y “lixiviado de cianuro” (de gran poder contaminante), con un uso a gran escala del agua (millones de litros diarios). Esto genera drásticos cambios de clima, desertificación de las zonas aledañas y destrucción de la economía local (pequeños cultivos, cría de animales y elaboración de productos artesanales). De golpe, todo pasa a depender de las empresas mineras: los recursos, los caminos, los ríos, los campos y la vida de las personas.
En cuanto a los desmontes, éstos avanzan aceleradamente y con mayor fuerza en norte del país. En todos los casos implican desalojos de pobladores criollos y aborígenes, cambios bruscos en el ecosistema, la incorporación del monocultivo (soja, caña de azúcar, etc.), la destrucción de las economías locales y la generación de nuevas dependencias.
Los bosques son los protectores de las cuencas hídricas; preservadores de las crecidas de ríos y arroyos, aseguran la producción de agua aprovechable. Permiten cumplir eficazmente el ciclo hidrológico, aseguran la conservación de la biodiversidad y una mejor calidad de vida para el hombre.
Esta destrucción de los montes a gran escala produce alteraciones del clima en la zona afectada, desertificación, destrucción de los suelos y contaminación por el uso masivo de agroquímicos. Hay estudios científicos fehacientes que demuestran que enfermedades tales como la “Leishmaniasis” se propagan a partir del desmonte.
La tasa de deforestación argentina es seis veces mayor que el promedio mundial. En los últimos cuatro años el desmonte creció casi el 42% y arrasó con más de un millón de hectáreas, la mayoría ahora poblada de soja. Se pierde un promedio de 821 hectáreas de bosques por día, 34 hectáreas por hora.
Los diputados se niegan a discutir esta situación, que es un problema para la sociedad y negocio para los sectores del poder. Un ejemplo: el debate que ocasionó la “Ley Bonasso”.
Al plantear estos temas debemos ser muy claros: el debate no es el antagonismo “progreso - conservación” como intentan hacerlo ver el gobierno, las empresas y las consultoras que trabajan para el poder de turno, sino que el eje de nuestro debate es otro: el uso de los recursos naturales, el modelo productivo, la distribución de la riqueza y la propiedad de la tierra.
Hoy, en el mundo entero, los Recursos Naturales ocupan un lugar clave para el modelo productivo. El humano siempre utilizó los recursos naturales a su alcance para reproducir la vida misma para lo cual fue importante el equilibrio que la comunidad generaba con el medio que la rodeaba.
Las cosas fueron cambiando, ya que el equilibrio de esta milenaria relación hombre – naturaleza se está desmoronando en forma acelerada y no precisamente para alimentar y garantizar el derecho a la vida de las 5000 millones de personas que habitamos este planeta. Por el contrario, podríamos decir que se altera gravemente la naturaleza para garantizar el alto nivel de consumo de menos del 20% de la población mundial. Esa minoría, ubicada en las zonas más enriquecidas del planeta, consume el 75% de los alimentos y el 80% de la energía que se produce en la tierra, y a su vez libera el 80% de los gases que provocan el efecto invernadero.
El Estado argentino mantiene una confusa política sobre los recursos naturales. Por un lado, plantea un discurso de protección generando leyes, secretarías y políticas ambientales de todo tipo. Y por el otro, entrega el patrimonio natural a las grandes multinacionales, no controla a las empresas contaminantes y otorga cada vez más permisos para desmontar un creciente número de hectáreas de irrecuperables bosques nativos.
Tal y como lo plantea la ley, el Estado debería ser el garante de proteger los recursos naturales que son patrimonio de todos los ciudadanos y sustento de las futuras generaciones. Por lo tanto, merecen nuestra mayor protección, lo cual no significa no utilizarlos, sino hacerlo de manera medida, planificada y sostenible, preservando la biodiversidad.
El desarrollo económico de las grandes empresas y multinacionales en Argentina, avanza en dos direcciones:
1. la explotación minera y lo que significa para las poblaciones locales y para las “estratégicas” reservas de agua.
2. la deforestación a gran escala del bosque nativo para el avance de la frontera agropecuaria, principalmente el monocultivo de la soja, con la cercanía en el tiempo del auge de grandes monocultivos para la producción de la materia prima necesaria para el tan nombrado “bio-combustible”.
La actividad minera es la prioridad número uno de los financiamientos del Estado. Se destaca la extracción de oro, plata, plomo, cobre, cinc, entre otros, y minerales estratégicos como el uranio. Esta es realizada por grandes multinacionales de Canadá, EE.UU., Australia, Inglaterra. Las compañías son Barrick Gold y Meridian Gold, entre otras, que a su vez controlan a las compañías más chicas y el mercado mundial de estos productos.
Estas actividades son de alto impacto ambiental, ya que por lo general se realizan con los métodos de explotación a “cielo abierto” y “lixiviado de cianuro” (de gran poder contaminante), con un uso a gran escala del agua (millones de litros diarios). Esto genera drásticos cambios de clima, desertificación de las zonas aledañas y destrucción de la economía local (pequeños cultivos, cría de animales y elaboración de productos artesanales). De golpe, todo pasa a depender de las empresas mineras: los recursos, los caminos, los ríos, los campos y la vida de las personas.
En cuanto a los desmontes, éstos avanzan aceleradamente y con mayor fuerza en norte del país. En todos los casos implican desalojos de pobladores criollos y aborígenes, cambios bruscos en el ecosistema, la incorporación del monocultivo (soja, caña de azúcar, etc.), la destrucción de las economías locales y la generación de nuevas dependencias.
Los bosques son los protectores de las cuencas hídricas; preservadores de las crecidas de ríos y arroyos, aseguran la producción de agua aprovechable. Permiten cumplir eficazmente el ciclo hidrológico, aseguran la conservación de la biodiversidad y una mejor calidad de vida para el hombre.
Esta destrucción de los montes a gran escala produce alteraciones del clima en la zona afectada, desertificación, destrucción de los suelos y contaminación por el uso masivo de agroquímicos. Hay estudios científicos fehacientes que demuestran que enfermedades tales como la “Leishmaniasis” se propagan a partir del desmonte.
La tasa de deforestación argentina es seis veces mayor que el promedio mundial. En los últimos cuatro años el desmonte creció casi el 42% y arrasó con más de un millón de hectáreas, la mayoría ahora poblada de soja. Se pierde un promedio de 821 hectáreas de bosques por día, 34 hectáreas por hora.
Los diputados se niegan a discutir esta situación, que es un problema para la sociedad y negocio para los sectores del poder. Un ejemplo: el debate que ocasionó la “Ley Bonasso”.
Al plantear estos temas debemos ser muy claros: el debate no es el antagonismo “progreso - conservación” como intentan hacerlo ver el gobierno, las empresas y las consultoras que trabajan para el poder de turno, sino que el eje de nuestro debate es otro: el uso de los recursos naturales, el modelo productivo, la distribución de la riqueza y la propiedad de la tierra.
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