Salta y la última dictadura militar

Revista N°3. Marzo 2007

24 de marzo de 1976… Mientras la Junta Militar integrada por Videla, Massera y Agosti inauguraba la más sangrienta dictadura militar Argentina, en Salta el Coronel Carlos Mulhall asumía como Interventor militar. El mismo día de su asunción fueron detenidas, en la Capital provincial, 70 personas. Posteriormente, en la localidad de Tartagal, sucedió lo mismo con otras 57. La prohibición de toda actividad política y gremial, como así también la censura a la prensa y a determinadas actividades artísticas y culturales, implicaba la militarización de la sociedad y una forma de violencia institucional que se plasmó en el accionar del Estado Terrorista.
La desactivación del entramado social, para imponer por la fuerza un nuevo orden, consistió en la eliminación física de una parte importante de la población a través de aparatos coercitivos clandestinos (grupos de tareas) al margen de toda legalidad formal. La planificación de secuestros, torturas, asesinatos y robos fue de carácter nacional y simultáneo.
De modo que la intervención militar en la provincia de Salta fue parte del engranaje represivo que impuso el terror como método. La represión ilegal fue posible porque el aparato militar proporcionó la infraestructura suficiente -hombres, vehículos, armamentos y cárceles clandestinas-. La cárcel de Villa Las Rosas, la Central de Policía, la delegación de la Policía Federal, la comisaría Cuarta, la comisaría de la localidad de Palomitas funcionaron como lugares en donde se torturó y asesinó a los ciudadanos de la provincia sospechados de tener algún compromiso político.
La instrumentación del estado terrorista Argentino tuvo como telón de fondo un proyecto económico y cultural. El golpe de estado de 1976 tenía, detrás de la asonada militar, una usina civil que impulsó la iniciativa y, si bien este golpe fue el más sangriento y el más uniformado de todos, la participación de los partidos políticos tradicionales no estuvo ausente en el mismo.
La participación civil fue predominante en las intendencias. Así, por ejemplo, el nivel de participación en este Salta, durante la dictadura, contó con la presencia de: 310 Radicales; 192 Peronistas; 109 Demócratas Progresistas; 94 personas del MID; 78 de la Fuerza Federal Popular; 16 Democristianos; 4 Intransigentes y 78 personas de otros partidos (75 conservadores y 3 provinciales).
Además de los partidos políticos tradicionales, también brindaron su apoyo cámaras empresariales, la Sociedad Rural, asociaciones civiles, jerarquía eclesiástica y burocracia sindical. Cada uno formó parte de una minoritaria elite representante del poder económico y político que colaboró para facilitar las políticas de ajuste estructural, el saqueo del país y la corrupción generalizada.
El 24 de marzo de 1976 es, a la luz de los hechos históricos, una fecha fundacional porque supone el nacimiento de una nueva etapa histórica. Si la década del setenta se anunciaba en Argentina y América del Sur como un proceso de luchas obreras y antiimperialistas contra el poder estatal y la burguesía dependiente, el golpe de estado de 1976 anunció el comienzo de un proceso de ruptura social y la puesta en marcha de diversos programas de ajustes bajo la intensidad y la brutalidad de la represión sistemática.
La marea represiva vino acompañada de recortes en los presupuestos de salud, educación y viviendas, devaluaciones, medidas de liberalización financieras y comerciales, despidos y recortes salariales. Esta reorientación política fue recibida con entusiasmo por el gobierno de Estados Unidos, los bancos privados, las instituciones internacionales de préstamo y las elites financieras locales. El nuevo modelo de acumulación capitalista desplazó al proceso de industrialización nacional, en donde se mezclaban capitales estatales y privados, por una nueva estrategia basada en economías desreguladas a punta de pistola con cárceles llenas y miles de desaparecidos.
Sobre el final de la dictadura, Malvinas se convirtió en un boomerang incontenible. Las movilizaciones a favor de una apertura democrática, las luchas de los trabajadores, las denuncias por violaciones a los derechos humanos y corrupción, el endeudamiento externo y la desindustrialización fueron el escenario final del “proceso de reorganización nacional”
Aquel plan económico de Martínez de Hoz tuvo su continuidad en los gobiernos Radicales y Peronistas que se alternaron en el poder desde 1983. Esa continuidad se manifiesta en los bolsones de pobreza y marginalidad social que desbordan la geografía del país. Esa continuidad también se manifestó en las leyes de impunidad, que dejaron a miles de represores sueltos. Las leyes de “Obediencia Debida”y “Punto Final” y los indultos son las manifestaciones más claras de los acuerdos entre: poder político, poder económico y poder militar.
Al cumplirse 31 años de aquel golpe genocida, la sociedad Argentina sigue reclamando justicia. No hay olvido, ni perdón. Hay, además, un presente: el reclamo al gobierno por la aparición con vida de Julio López y el fin de la impunidad.
A 31 años del golpe, el movimiento popular tiene el desafío imperioso de construir una fuerza política revolucionaria para imponer justicia. Nunca más represión, pobreza y marginalidad social.

Federico Carrizo
Persistir y vencer